Si algo ha caracterizado al kirchnerismo, es su inevitable tendencia de ir a contramano, de desafiar con indisimulada soberbia el sentido común y la tolerancia ciudadana, a través de la aplicación de medidas populistas que rayan en la insensatez.
Pese a estar ante una economía colapsada, sin crecimiento por la ausencia de inversión productiva, ante una inflación desenfrenada que fractura cada vez más el consumo interno, ante una política fiscal y monetaria que resta al país competitividad y crecimiento, ante un franco descenso de las exportaciones e importaciones y ante una demanda laboral en caída libre, el Gobierno argentino parece empeñarse en manufacturar éxitos y omitir realidades, en presentarnos un crecimiento ficticio, espurio, no sustentable, debido a la existencia de un “exceso de estimulo de la demanda”, consecuencia de una “política monetaria y fiscal expansivas”, según lo definen algunos economistas.
A este preocupante escenario económico, se suma la visión populachera de hacer política con que el kirchnerismo pretende mantenerse en el poder. Tal es así, que el pasado mes de noviembre, la legisladora kirchnerista, María Rachid, presentó un proyecto mediante el cual se pretende otorgar a las personas trans, mayores de 40 años y residentes en la Cuidad Autónoma de Buenos Aires, un subsidio de 8.000 pesos mensuales, siendo la autoridad de aplicación el Ministerio de Desarrollo Social porteño. El polémico proyecto, generó malestar en la población y las reacciones y burlas no se hicieron esperar en las redes sociales.
También la diputada oficialista, Diana Conti, celebre por abogar por una “Cristina eterna”, impulsa en el Congreso de la Nación, un subsidio para todas aquellas personas, cuyos derechos fundamentales hayan sido violados por motivos de identidad de género. Dicho subsidio rondaría los 7.500 pesos mensuales, incrementándose un 30% en caso de que el beneficiario haya sido victima de violencia sexual.
Pero la larga cadena de desaciertos políticos que el gobierno viene exhibiendo, lejos está de llegar a su último eslabón. Recientemente, la Cámara Federal de Casación Penal de la Argentina, dio lugar al pedido de hábeas corpus de un grupo de reclusos alojados en los pabellones A,B,C y D de la Unidad Residencial V del Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, quienes peticionarón la equiparación de sus derechos laborales a las condiciones de trabajo libre: aguinaldo y vacaciones. El fallo hace hincapié en el principio constitucional de “igual remuneración por igual tarea” para personas privadas de su libertad.
Según fuentes oficiales, el 70% de los presos trabaja dentro de los penales, percibiendo un sueldo mensual de 4.400 pesos, el 30% restante declina hacerlo o no tiene posibilidad de acceso a un trabajo pago por razones ajenas a su voluntad.
Datos obtenidos por el diario Perfil, dan cuanta que actualmente existen 7 mil internos en el Sistema Penitenciario Federal (SPF), que cobran el equivalente a un salario mínimo, vital y móvil. Solo en el penal de Villa Devoto, existen 1600 internos, todos los cuales cobran un salario mínimo, vital y móvil, a un cuando no todos tienen una tarea asignada. Según el matutino porteño, “el gasto en sueldos se duplicó a partir de la conformación del Sindicato Unico de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria (Sutpla). En el 2011, el Estado abonó 130 millones de pesos, mientras que en el 2012, el gasto llegó a 220 millones. En el 2013, se pagaron cerca de 290 millones. Para el 2014, se estima que el gasto supere los 350 millones, y eso sin tener en cuanta los nuevos beneficios que tendrán los presos: aguinaldo y vacaciones pagas”.
El artículo 121 de la Ley 26.660, de ejecución de penas privativas de la libertad, establece que dicho sueldo se distribuya de la siguiente forma: 10% para indemnizar los daños y perjuicios causados por el delito, según lo disponga la sentencia judicial, 35% para prestación de alimentos, según prevé el Código Civil, 25% para costear los gastos ocasionados en el establecimiento carcelario y un 30% para formar un fondo propio, el cual se le entregará al recluso al momento de obtener su libertad. Tras la deducción de estos aportes, el recluso queda con 1800 pesos, de los cuales el 70% es depositado en una cuenta del Banco Hipotecario para su familia. El 30% restante, queda a disposición del recluso para solventar sus gastos dentro de la unidad penitenciaria.
Pero que ocurre en el resto del mundo con la realidad de los reclusos en este sentido. Hace unos días el Gobierno holandés resolvió que los presos en cárceles del país deberán pagar 16 euros diarios por encontrarse recluidos en sus cárceles. Esta medida, que comenzará a regir a partir del 2016, obliga a los presos a asumir la responsabilidad de sus actos, lo cual supondrá además, un ahorro de 65 millones de euros, unos 80 millones de dólares, en gastos judiciales y policiales. Esta iniciativa también está siendo analizada por otros países europeos como Alemania y Dinamarca. “Se trata de que el preso entienda que forma parte de la sociedad, y que si comete un delito, tiene la obligación de contribuir al gasto que ocasiona. Que sus actos no deben ser pagados, desde un punto de vista económico, solo por el resto de la ciudadanía”, señaló al diario El Pais, Johan van Opstel, vocero de Justicia.
Mientras Argentina se esfuerza en profundizar sus desatinos y torpezas, premiando -en este caso- a sus presos con salario, aguinaldo y vacaciones, en detrimento de quienes han trabajado toda una vida por una jubilación digna, también en la ciudad norteamericana de Elko, en Nevada, desde febrero de este año, los reclusos pagan cinco dólares al momento de ingresar a la prisión, seis dólares por día en concepto de comida y 10 dólares por atención médica. Además, los convictos deben pagar por el uso de artículos de higiene personal, entre otros, Aquellos imposibilitados de solventar estos gastos, se les anexa la deuda a su expediente, quedando comprometidos a pagarla una vez obtenida su libertad. “El Estado no tiene que pagar por quien es encerrado por cometer un delito”, advierte el sheriff del condado de Elko, Jim Pitts, ideólogo de la medida vigente desde principios del 2014.
