Pese a que el plan de convertibilidad se ha mantenido hasta ahora inalterable y los bajos índices inflacionarios le confieren, hasta el momento, una relativa tranquilidad a la sociedad argentina, la economía nacional sigue debatiéndose en una indiscutida “zona de riesgo”. El virtual incumplimiento a los términos pactados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), podría llevar al grupo económico a recurrir a nuevas financiaciones, lo cual ampliaría aún más la morosidad que mantiene con el organismo multilateral de crédito y, consecuentemente, a engrosar aún más la deuda pública.
Evidentemente, el panorama económico no es nada alentador. Se estima que para fin de año el déficit fiscal superará los 5 mil millones de dólares. Las implicancias de la baja recaudación tributaria, que hasta hoy no logra superar los 500 millones de dólares mensuales, son muy serias y alarmantes. La Argentina necesita recaudar por lo menos 4 mil millones de dólares por mes, para poder hacer frente a los gastos previstos en el Presupuesto 95/96.
El déficit de la Administración Pública trepa los 1.400 millones de dólares, sumado a una significativa baja del consumo de bienes y servicios, a un gasto público que no desciende de los 41 mil millones de dólares y a un déficit del sistema jubilatorio estimado en 500 millones de dólares mensuales. Sin duda los números están en rojo. Y para enfrentar esta situación el Gobierno echará mano a la Reforma del Estado, para así poder ahorrar en algunos sectores y destinar a otros que precisen más fondos. Los ajustes de esta nueva fase transformadora apunta al PAM! que actualmente tiene unos 13 mil empleados y al ANSES que da trabajo a otros 8 mil. Se estima, además, el paso a disponibilidad de unos 22 mil trabajadores de la Administración Pública.